22 enero 2007

Editoriales de "El País" sobre ETA

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Opinión

EDITORIAL
ETA tiene la culpa
31/12/2006

ETA reanudó ayer el único e intolerante discurso que ha exhibido en sus cuatro décadas de existencia: el terror. La furgoneta bomba que estalló en una de las plantas de la nueva terminal del aeropuerto madrileño de Barajas causó, por la información disponible al cierre de esta edición, dos desaparecidos, varios heridos leves y serios destrozos en las instalaciones, así como el caos más absoluto durante las horas que estuvo suspendido el tráfico aéreo. Con este atentado, la banda rompe el alto el fuego que anunció hace nueve meses, lo que obligó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a suspender cualquier iniciativa de diálogo con ella, en cumplimiento de la resolución aprobada en el Congreso el pasado mes de junio.

Así lo anunció el propio presidente en una comparecencia pública en la que, además, consideró que la acción de ETA era "el paso más equivocado e inútil que han podido dar los terroristas". La resolución del Congreso establecía como condición para cualquier diálogo la voluntad inequívoca de abandonar la violencia. La organización dejó ayer bien claro, con un atentado gravísimo -se emplearon unos 200 kilos de material explosivo- en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, que su camino es el del terror y el miedo. Se trata, una vez más, del reconocimiento de su impotencia.

Lo sucedido ayer sólo tiene un culpable: ETA. Frente al anacronismo de un grupo de terroristas convencidos de que es posible fraguar su proyecto político sobre el dolor y la sangre, la democracia debe contraponer la unidad de todas las fuerzas democráticas, el apoyo de todas ellas al Gobierno en los momentos de mayor dificultad, la fortaleza de las instituciones y la firmeza del Estado frente a los violentos. Zapatero anunció ayer la busca y captura, para su entrega a la justicia, de los autores del atentado. No podía ser de otra manera.

La dirección de la lucha antiterrorista es responsabilidad del Gobierno. A él, en particular a su presidente, corresponde decidir el camino a seguir. Para ello cuenta con el mandato del Parlamento. Lo peor que podría suceder en este momento es que las rencillas partidistas y el egoísmo de vuelo corto hicieran aún más fácil el objetivo de la banda de desgastar y debilitar el Ejecutivo.

La acción de Barajas pilló desprevenido al Gobierno, según reconoció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y se produjo un día después de que el presidente Zapatero manifestara su optimismo por la marcha del proceso para el fin de ETA. No es descartable que algunos utilicen esta circunstancia como munición para el navajeo político, pero, pese a que la crítica a la labor de cualquier Gobierno es necesaria en los sistemas democráticos, no parece éste el momento más adecuado para reproches estériles.

ETA ha modificado con este atentado su tradicional ritual de anunciar mediante un comunicado la ruptura de una tregua, como ya sucedió con las de 1989 y 1998. En esta ocasión, con la bomba de Barajas, la banda parece querer forzar al Gobierno hacia una ruptura del proceso para la paz que le permita librarse de culpas y justificar posteriores acciones violentas. De nuevo es una estrategia suicida e insensata. No sólo porque camina por encima del dolor de las víctimas y el terror de los ciudadanos, sino también por la frustración que provoca en la gente, incluida la izquierda abertzale, parte de la cual había depositado en este alto el fuego permanente fundadas esperanzas de alcanzar, en el plazo que fuera necesario, la paz que ansía este país.

Desgraciadamente, Batasuna volvió ayer a decepcionar con un discurso alejado de la realidad. Su máximo dirigente, Arnaldo Otegi, se refugió en la solidaridad con las víctimas del atentado de Madrid y en una llamada al sosiego y a la responsabilidad para evitar la condena de lo sucedido. La falta de liderazgo en la formación abertzale, justo lo que más se necesit

(el corte figuraba en el editorial original)

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Nuevas condiciones
02/01/2007

ETA no sólo ha pulverizado la tregua, sino también elementos necesarios para un día, si acaso, volver a empezar un proceso de paz. Las reglas no han funcionado. Los interlocutores de la banda, tampoco. Se abre ahora una etapa que estará dominada por la lucha policial y judicial contra la banda terrorista, y en la que resulta esencial la unidad de los partidos democráticos, incluido el PNV, que ha de evitar una nueva deriva soberanista. Para que ETA acabe siendo derrotada son necesarias, pero no suficientes, las medidas policiales y judiciales. Al final, tarde o temprano, tendrá que haber diálogo. Pero sobre bases diferentes.

Desde algunos sectores se ha criticado a Zapatero y su Gobierno por anunciar una "suspensión" del proceso, aunque sea total, en vez de una ruptura. Es algo más que un matiz semántico, pero el Ejecutivo ha hecho bien en no caer en la trampa de darle a ETA la baza simbólica de ser él quien rompía. Puede que para ETA el atentado de Barajas fuera sólo un aviso. Si así era, se ha equivocado: ha dinamitado el proceso. Poco importa que sea sólo un sector, con mayor o menor peso dentro de la organización terrorista, el que esté detrás de los cientos de kilos de explosivos; o que sea la cúpula terrorista en pleno la que decidió forzar hasta límites insoportables la marcha del diálogo. Lo ocurrido, sumado al robo de pistolas en Francia, a extorsiones y a otros actos de violencia, indica que los interlocutores en ETA no representaban a la organización ni la controlaban. O que mentían. Cuando llegue otra oportunidad para la paz, tendrán que ser otros, y otras las condiciones.

Lo ocurrido tiene consecuencias inmediatas. Ni este Gobierno, ni el francés, bajaron la guardia de la persecución policial de ETA durante el alto el fuego, pero ahora habrá que extremar la alerta ante cualquier tipo de violencia callejera. El acercamiento de los presos, una de las medidas que reclamaba el nacionalismo vasco para afianzar el proceso, parece ahora impensable. La mesa de partidos se anuncia más lejana que nunca, y Batasuna difícilmente podrá presentarse a las municipales de mayo con la actitud exhibida por su líder, Arnaldo Otegi, en las horas posteriores al atentado de Madrid. Su pretendido intento de que la política fuera tomando protagonismo frente a la violencia ha quedado sepultado en el aparcamiento de la T-4, junto a esos dos ciudadanos desaparecidos que todavía ayer eran buscados por los bomberos.

Es contra ETA, y contra Batasuna, hacia donde debe dirigirse la frustración de la sociedad vasca y de toda España, ya que eran muchas las personas honestas, de toda creencia y condición, que habían depositado sus esperanzas en este proceso. Sólo así ETA será consciente de lo mucho que ha desperdiciado en estas últimas horas.

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El comunicado
10/01/2007

Los profetas de Batasuna pidieron a ETA que hiciera lo que sin duda ETA ya había decidido hacer, y consiguieron que les hiciera caso. El comunicado difundido ayer es un monumento a la incoherencia pero refleja con bastante precisión las contradicciones de ese mundo. La banda asume el atentado que costó la vida a dos personas, considera que ello no rompe el alto el fuego permanente y amenaza con más atentados si no se satisfacen sus exigencias. La respuesta la adelantó el ministro del Interior en declaraciones a The New York Times: ETA ha perdido toda credibilidad y ya no bastará que declare treguas indefinidas, permanentes o persistentes. Hasta Ibarretxe dijo ayer que en adelante sólo se podrá dialogar con ETA si hay una "voluntad inequívoca de acabar de una vez y para siempre con la violencia".

ETA reconoce que hizo estallar una bomba con cientos de kilos de explosivos en un lugar público, pero alega (como hizo tras la matanza de Hipercor) que la responsabilidad de los muertos no es suya sino de los encargados de desalojar el aparcamiento. Es un argumento que no convencería ni al más fanático patriota, pero le sirve a ETA para decir que, puesto que no quería matar, el alto el fuego no ha sido roto y la negociación puede empezar. Aceptar esa posibilidad sería admitir que puede haber negociaciones con atentados. Y para confirmarlo, el propio comunicado añade que si no se cumplen sus exigencias (incluyendo la de impunidad para los delitos que han seguido produciéndose) habrá más atentados.

Queda claro por tanto que el diálogo que propone ETA es uno en el que las bombas no sólo no están excluidas sino que forman parte de los argumentos de una de las partes: podrán recurrir a ellas cada vez que consideren que las negociaciones no avanzan en el sentido que desean. No puede haber, por tanto, otra respuesta que la adelantada por Rubalcaba, y asumida estos días incluso por sectores del nacionalismo vasco radical: que el proceso está roto sin posible sutura; y que lo que ahora corresponde es aplicar el principio recogido en el Pacto antiterrorista y reafirmado hace dos días por la vicepresidenta Fernández de la Vega: la firme voluntad de derrotar a ETA "utilizando para ello todos los medios del Estado de derecho". La detención ayer en Francia de dos miembros significados de ETA, un liberado que iba armado y el activista que huyó al ser descubierto el zulo de Amorebieta, avala esa voluntad compartida.

La banda también se reafirma en que el proceso iniciado en marzo no tiene como finalidad acabar con la violencia sino cambiar el marco político, y reprocha al Gobierno que haya establecido "como tope del proceso los límites de la Constitución española y de la legalidad". Tras los meses transcurridos desde el alto el fuego, y a la vista de la forma en que lo han roto, no puede considerarse que los objetivos políticos exigidos fueran mera retórica destinada a vender su derrota como conquista: realmente pensaban que el abandono de las armas les daría derecho a que los españoles se plegaran a reconocer su programa político. El momento es oportuno, por ello, para que todos los partidos democráticos se ratifiquen a su vez en el compromiso de que no aceptarán cambios del marco político a cambio del cese del terrorismo. El límite de cualquier negociación futura, si un día volviera a haber condiciones para iniciarla, sería la reinserción de sus miembros presos o clandestinos. La identificación con esos principios, sin duda compartidos por la mayoría de los españoles, debería ser el eje de la recuperación de la unidad democrática contra ETA.

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Pretextos para dividir
12/01/2007

Lo peor del espectáculo que estamos dando es el olvido de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, los dos jóvenes ecuatorianos asesinados por ETA y en solidaridad con los cuales surgió la iniciativa de celebrar en Madrid una manifestación contra la banda. La condena del atentado y la solidaridad con esas personas, que debería suscitar el apoyo sin reticencias de todo el mundo, se ha ido convirtiendo en mero pretexto para la bronca habitual. Y la manifestación convocada en Bilbao por el lehendakari bajo el lema "Por la paz y el diálogo" ha confirmado que toda idea confusa tiende a contagiar la confusión por doquier.

La manifestación de Madrid fue convocada por asociaciones de ecuatorianos en España y las uniones regionales de CC OO y UGT de la capital, y a ella se adhirieron PSOE e IU. Tras algunas dudas, Rajoy condicionó la participación de su partido a la inclusión en el lema de la marcha ("Por la paz y contra el terrorismo") de la consigna de libertad. Es una consigna coherente con el sentido de la convocatoria, y no debería haber habido dificultad mayor para aceptarla. Sin embargo, algunos sectores del PP se pusieron la venda antes de la herida y acusaron a los organizadores de resistirse a aceptarla para convertir la manifestación en un acto de apoyo a la negociación política con ETA.

La acusación es un proceso de intenciones, pero, con buen criterio, CC OO abogó por incluir la consigna para favorecer la adhesión del PP. UGT-Madrid se opuso de entrada con argumentos de poco peso, como que los carteles ya estaban impresos. Es una situación absurda: hay acuerdo sobre el fondo, como demuestra que la consigna de libertad se haya incluido en el manifiesto que se leerá al final, pero los sectarismos recíprocos impiden que se plasme en una convocatoria unitaria. Unos la condicionan a apuntarse el tanto de conseguir modificar el lema, y los otros a no ceder a presiones. En las horas que quedan debe evitarse el ridículo de la incapacidad para ponerse de acuerdo en algo tan elemental.

Lo de Bilbao es más complicado porque el lema propuesto por Ibarretxe, contra el criterio de la dirección de su partido, sí resultaba deliberadamente confuso: unir paz y diálogo tras el atentado de Barajas transmite un mensaje de continuidad del proceso que ahora es inaceptable, según han opinado todos los partidos. Esa confusión la aumentó el PSE al decir que aunque estaba en desacuerdo participaría para no agravar la división, pero que dejarían de hacerlo si se sumaba Batasuna. Gran ocasión para que los de Otegi decidieran sumarse y proclamar su apoyo al lema discutido. El barullo aconsejó ayer al lehendakari añadir la exigencia a ETA de abandono de la violencia, y pidiendo a Batasuna que se abstuviera de participar si no estaba de acuerdo con ese añadido. Está bien. ¿Pero qué pasa si a pesar de todo Batasuna decide participar, como quería hacerlo el PSE, con sus propias consignas, es decir, las inicialmente propuestas por Ibarretxe? Demasiada confusión cuando lo que correspondía era sencillamente mostrar el rechazo ciudadano a los asesinatos de ETA.

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Vísperas antiterroristas
14/01/2007

La apelación a la unidad de los demócratas contra ETA cerró la manifestación de ayer en Madrid en repulsa por el brutal atentado de hace dos semanas en Barajas. Esa apelación era necesaria tras el espectáculo de sectarismo que ha dado el personal político cuando más evidente era que la opinión deseaba ver a sus representantes unidos para hacer frente al nuevo desafío de ETA. Y es especialmente oportuna en vísperas del importantísimo debate parlamentario de mañana sobre política antiterrorista.

Las razones del radical desacuerdo actual son antiguas y las responsabilidades están bastante repartidas: de los socialistas, por su incapacidad para explicar el cambio de política antiterrorista como fruto del éxito de la vía de firmeza; del PP, por su opción por una estrategia de emplazamientos imposibles seguidos de denuncias demagógicas, con acusaciones inverosímiles (entrega de Navarra, etcétera). ¿Qué pensará el medio millón de ecuatorianos que vive entre nosotros de la decisión del PP de no sólo no participar, sino pedir la suspensión de las movilizaciones previstas? Esa decisión ilustra lo peor del PP en esta materia: condicionar su participación en cualquier iniciativa a la aceptación de su posición, y boicotearla si no se acepta.

O aunque se acepte, como en este caso. Puso como condición unir la reclamación de libertad a la de paz, y cuando la petición fue atendida pasó a reclamar la suspensión, con el argumento de que los convocantes no quieren la derrota de ETA, sino la negociación con los terroristas. Argumento falaz que obliga necesariamente a cuestionar la sinceridad de otros emplazamientos, como el de recuperar la unidad de los dos grandes partidos en el Pacto Antiterrorista. Por supuesto que el momento exige poner en primer plano los principios de aquel acuerdo, y en particular la firme voluntad de derrotar a la estrategia terrorista utilizando todos los medios del Estado de derecho. Pero ahora con la participación del PNV, algo que el Pacto excluía expresamente. ¿Qué propone Rajoy en relación a Imaz, objeto de los más duros ataques en el último comunicado de ETA precisamente por haber mantenido el principio de que primero la paz y luego la política? Como ocurrió tras la ruptura de la tregua de 1998, el pulso que plantea ETA requiere de la máxima unidad de las instituciones en respaldo a las medidas policiales y judiciales, que son ahora la prioridad. Sería irresponsable ignorar la importancia de contar con el nacionalismo democrático para llevar a cabo esa política.

Así se ha puesto de manifiesto en las circunstancias que han rodeado a la otra movilización importante de ayer, la de Bilbao. La inicial convocatoria de Ibarretxe (paz y diálogo) permitía interpretaciones como la que hizo Batasuna: que el atentado no impedía mantener la negociación. La posterior rectificación, impulsada por Imaz y el PSE, que condujo a incluir una exigencia expresa a ETA de abandono de la violencia, ha llevado a Batasuna a desistir de participar. No sin división interna. Es posible que el divorcio entre Batasuna y ETA, algo que seguramente será condición para la derrota definitiva del terrorismo, pase por divisiones internas de ese tipo. Para lo que será necesario articular una política antiterrorista con el más amplio respaldo y que haga perder a esos sectores cualquier expectativa de recobrar la legalidad sin desvinculación de ETA.

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Difícil unidad
16/01/2007

El atentado de Barajas con el que ETA rompió el alto el fuego es un hecho que obliga a replantear teorías e hipótesis muy arraigadas en los partidos en materia antiterrorista, por razonables que en su momento las considerasen. Obliga al Gobierno a explicar no sólo que su optimismo era equivocado, como hizo Zapatero, sino las razones que le llevaron a no reaccionar frente a señales obvias que contradecían ese optimismo. Y obliga al principal partido de la oposición a reconocer que eran falsas sus acusaciones sobre las concesiones que el Gobierno ya había hecho a ETA.

No hubo ayer ni lo uno ni lo otro. Zapatero no dio una explicación de lo ocurrido, ni avanzó los criterios sobre los que, sobre la base de la experiencia, propone refundar la unidad contra ETA en el nuevo pacto multilateral que propuso. Y Rajoy no sólo no rectificó sus acusaciones, sino que las agravó con juicios de intenciones a voleo, incluyendo uno gravemente calumnioso que no rectificó cuando el presidente del Congreso le dio ocasión para hacerlo: que "si no hay bombas será porque ha cedido".

Casi lo único positivo de la jornada fue que Rajoy aceptara participar en la reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista propuesta por Zapatero como paso previo a una reunión de todas las formaciones democráticas para poner en común iniciativas de respuesta a la nueva situación. Con esa propuesta, el presidente buscaba un equilibrio entre el reconocimiento de que un partido con cerca de diez millones de votos y con el que tiene firmado un pacto en la materia no es uno más; y su intención de ampliar ese pacto a otras formaciones que en su momento no lo suscribieron. Ambas cosas son acertadas, pero faltó que Zapatero ofreciera a Rajoy una explicación de los motivos que le llevaron en su momento a renunciar a un aspecto esencial de aquel pacto: la negativa a negociar con ETA. Rajoy le recordó que en el programa electoral con el que ganó el PSOE las elecciones figuraba el compromiso de aplicar ese principio y de mantener vigente el pacto hasta la desaparición definitiva de ETA.

Ayer era una buena ocasión para explicar que era precisamente el éxito de la política de firmeza (orientada a la derrota policial de ETA) que recogía el Pacto Antiterrorista lo que permitió en 2005 explorar la posibilidad de un final pactado que evitase una sangrienta agonía de ETA y facilitase la integración de los 150.000 votantes de Batasuna en el sistema democrático. Había motivos para considerarlo verosímil. Pero antes de dar el paso de la resolución del Congreso, Zapatero debió asumir como una prioridad convencer al PP de que podían dar ese paso juntos; habría permitido concertar una respuesta también compartida si el ensayo fracasaba.

Es posible que Zapatero piense que es más prudente no adelantar sus propias propuestas para el nuevo periodo, a la espera de esa reunión con el PP y de la ronda de contactos del ministro del Interior con los demás grupos. Pero precisamente porque, como él mismo recordó, suya es la responsabilidad de dirigir la política antiterrorista, debió haber sido menos genérico a la hora de sacar las conclusiones de este fracaso con vistas a la nueva orientación. Por ejemplo, respecto a la separación radical entre lo que cabe acordar con ETA (reinserción) y lo que de ninguna manera puede ser sujeto de negociación con los terroristas.

Existen divergencias sobre a partir de qué grado de debilidad de ETA deja de ser imprudente la búsqueda de un final pactado; sin embargo, esa diferencia es ahora menos acusada desde el momento en que hasta los partidos nacionalistas admiten que Barajas no sólo ha arruinado esta tregua sino cualquier proceso planteado sobre la base de treguas de cualquier tipo: el abandono definitivo y comprobable de la actividad terrorista será en adelante condición para cualquier diálogo sobre la reinserción de los presos y activistas clandestinos. Rajoy admitió, aunque de manera oblicua, que (sólo) en esos términos podría contar el Gobierno con su apoyo. Luego hay alguna posibilidad de recomponer un acuerdo básico para el periodo inmediato, en el que nadie plantea repetir un proceso como el ahora roto. Zapatero dejó claro que Batasuna no podría presentarse a las elecciones sin cumplir los requisitos de la Ley de Partidos.

Rajoy se mostró dogmático y ofensivo contra el presidente del Gobierno. Incluso cuando pidió una aclaración final, que pudo utilizar para matizar sus despropósitos, la utilizó para remachar: como si sólo le interesara la destrucción política del adversario. Sus acusaciones desmedidas han envenenado la relación entre los dos grandes partidos, han fortalecido el narcisismo de los tontos que mandan en ETA (convenciéndoles de que habían conseguido todo eso que el PP decía que había concedido Zapatero) y han evitado una crítica racional a errores no tan graves pero ciertos cometidos por el presidente en su gestión de este asunto. A las razones políticas en favor del consenso de PP y PSOE en esta materia habría que añadir la conveniencia de evitar el traslado de la bronca entre ellos a todo tipo de asociaciones, colectivos profesionales (jueces, por ejemplo) y hasta a las relaciones personales entre particulares. Es incomprensible lo que está pasando tras el brutal atentado del 30 de diciembre.

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La alternativa
19/01/2007

La alternativa al fracasado intento de final dialogado de ETA es la normalidad: el archivo de las previsiones planteadas de manera condicional en la resolución de mayo de 2005, que autorizaba determinadas iniciativas si se producen ciertas condiciones. Como no se han producido, se vuelve a la situación anterior. No hay que inventar nada: con o sin refundación del pacto antiterrorista, con o sin apoyo del PP, las obligaciones del Gobierno son las de todo Estado democrático contra el terrorismo: persecución policial, cooperación internacional, acción de la justicia frente a los que vulneran la ley. No hace falta siquiera poner un especial énfasis retórico en proclamar lo que se va a hacer. Basta con hacerlo.

Por ejemplo, con relación a la Ley de Partidos. No hace falta insistir tanto en que se va a aplicar; no podría ser de otra manera, mientras esté en vigor. Cabe considerar la hipótesis de que si se produce la disolución de ETA esa ley sea derogada, porque es cierto que se trata de una norma excepcional, sólo justificada por la anomalía de que participara en la competición electoral una fuerza que formaba parte de un entramado que se consideraba con derecho a eliminar a sus rivales políticos. Sin ETA, sería seguramente conveniente derogarla. Pero mientras siga, su brazo político no podrá ser legal ni participar en las elecciones, y la Ley de Partidos tendrá que seguir en vigor.

Y ello con independencia de la valoración que se haga de los movimientos que parecen detectarse estos días en Batasuna. No parece lógico despreciarlos. No es lo mismo disentir del secretario general de un partido que del comité ejecutivo de una banda armada. Si alguna vez se produce la desvinculación de Batasuna respecto a ETA será como culminación de una serie de pequeños movimientos internos. Por ejemplo, no habría sido poca cosa que Batasuna decidiera participar en la manifestación del pasado sábado en Bilbao después de que Ibarretxe incluyera la exigencia a ETA de abandono de la violencia.

Algo que finalmente no ocurrió, pero que probablemente ocurrirá algún día no lejano. Porque el bombazo de Barajas no ha eliminado, sino agudizado, la contradicción entre los intereses de los dirigentes de Batasuna que quieren hacer política y vivir de ella, y la continuidad de ETA. Pero para que esa contradicción se manifieste y sea interiorizada también por los votantes es necesario que se mantenga el nivel de exigencia respecto a las condiciones de vuelta a la legalidad, que incluye la desvinculación expresa de ETA. Cualquier vacilación en este terreno no ayudaría a los que se han atrevido estos días a dudar de la coherencia del comunicado etarra, sino a quienes les han matizado fraternalmente.

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Un fallo esclarecedor
20/01/2007

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que considera que las organizaciones juveniles del entorno abertzale Jarrai, Haika y Segi no son simples asociaciones ilícitas, según estableció la Audiencia Nacional en 2005, sino grupos terroristas. El Alto Tribunal aumenta a seis años de cárcel las condenas de entre dos años y medio y tres años y medio impuestas en primera instancia. La Audiencia Nacional ha ordenado detener a los 23 encausados.

La decisión del Supremo, que estrecha y endurece el cerco al entorno de ETA coincidiendo con el regreso de la violencia terrorista, confirma por primera vez que el conglomerado de la banda se despliega en diversos frentes interrelacionados. La posición doctrinal mantenida por la mayoría de la Sala de lo Penal (tres votos a favor por dos en contra) implica que el sobreprecio de castigo aplicado a los actos terroristas recaerá no sólo a los que empuñan pistolas o colocan bombas, sino a quienes participan en actos de vandalismo callejero. Los jueces parecen indicar que el terrorismo es un fenómeno complejo que se define por más cosas que la sola utilización de las armas en un sentido estricto.

La sentencia se produjo al día siguiente de una reunión entre el presidente Zapatero y el lehendakari Ibarretxe. El encuentro hay que interpretarlo como un gesto de normalidad institucional tras el fin de la tregua de ETA y, por esta razón, carece de sentido el intento de descalificarlo y, menos aún, el de contraponerlo a la sentencia del Supremo, como ha hecho el PP. Al igual que en los días posteriores a la declaración del alto el fuego, los responsables del Ejecutivo central y autonómico estaban obligados a intercambiar informaciones y análisis tras el atentado de Barajas, incluso conociendo la distancia entre sus respectivas posiciones.

Pero precisamente porque tenía que tratarse de una reunión normal entre responsables institucionales, no se entiende que Zapatero quisiera colocar la reunión bajo el signo de la discreción, algo que sólo sirve para acrecentar la desconfianza. En estos momentos de ruptura del consenso antiterrorista es preciso no dar la impresión de que se actúa a espaldas de nadie, y menos aún contra nadie, por más que el PP parezca irresponsablemente lanzado a perpetuar la crispación valiéndose de la lucha contra el terror. No parece en ese sentido muy afortunado el pacto del PSOE con los demás grupos políticos para dificultar la discusión de las cinco propuestas no de ley que los populares quieren presentar en el Congreso.

Las tímidas objeciones de la dirección de Batasuna al atentado de Barajas no deberían ser suficientes para que renazcan optimismos inveterados: su potencial más importante no es, por el momento, el de anticipar una escisión entre los terroristas y su entorno, sino el de ahondar la división entre los demócratas, ya demasiado profunda. La ausencia del Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Parlamento de Vitoria, evitando así pronunciarse sobre la condena a ETA que se debatió ayer, demuestra los límites a los que se enfrenta el entorno político de los violentos.

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