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Opinión
EDITORIAL
El AVE de la vergüenza
El desastre ferroviario en Cataluña exige, sin más dilación, responsabilidades políticas inmediatas
Más que declaraciones tranquilizadoras y paños calientes, el monumental caos de la red ferroviaria catalana requiere soluciones urgentes, incluida una exigencia inmediata de responsabilidades que demuestre a los ciudadanos que el Gobierno se toma en serio este desastre público.
Es un fracaso político que el AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona, la obra pública más importante de este Gobierno, se haya convertido en un rosario inacabable de problemas, retrasos y, para colmo, en una suspensión del servicio de los trenes de cercanías que deja en condiciones precarias de transporte, durante al menos dos meses, a más de 160.000 viajeros, después de que se abrieran socavones en la zona de obras de la línea de alta velocidad. Hay motivos más que suficientes de preocupación para el Gobierno, que teme con razón el elevado coste en votos que tendrá que pagar en las próximas elecciones a cuenta de este fracaso. Eso sin mencionar la herida abierta entre el Gobierno socialista, de una parte, y los socialistas catalanes y el Gobierno tripartito de la Generalitat, de otra.
En esta atmósfera de un más que justificado hartazgo de los ciudadanos ante los despropósitos diarios, importa muy poco si los males de hoy proceden de la decisión del Gobierno de Aznar de abaratar las contratas o si el trazado fue mejor o peor concebido. El primer error que no debe cometer ahora el Gobierno es disimular el desastre manteniendo contra viento y marea la fecha prevista de inauguración del AVE para el 21 de diciembre. El retraso no es su principal problema, pese al ridículo de inaugurar una obra 14 años después de su licitación inicial. Acierta la ministra Magdalena Álvarez cuando dice que "en primer lugar está la seguridad, después el servicio de los ciudadanos y en un tercer término poder inaugurar las obras". Pero se equivoca cuando asegura que "no pasa nada" si el plazo se incumple.
Sucede que en la gestión política de las obras han brillado la incompetencia y la improvisación; y sucede que el Ministerio de Fomento es responsable político de las obras, es decir, de que las empresas cumplan rigurosamente sus contratos, en los plazos fijados y con las calidades exigidas. Es la mala gestión política la que ha llevado a esconder los retrasos con soluciones chapuceras y apresuradas, que al final han acabado por llenar de escombros tres de las seis vías de cercanías de Barcelona.
No parece haber dudas de que el Ministerio de Fomento no ha ejercido hasta ahora esta responsabilidad sobre las empresas. Por tanto, el segundo error que no debe cometer el Gobierno es confiar en que esta crisis se resolverá echándoles ahora la culpa exclusiva. El expediente que se abrirá a OHL, la empresa responsable del muro derrumbado, es una decisión correcta, pero insuficiente. Ahora es también el momento en que hay que exigir responsabilidades políticas por el costosísimo fracaso de esta línea de AVE. El presidente del Gobierno y la ministra de Fomento tienen la palabra.
