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EDITORIAL
Recuperar el acuerdo
08/07/2007
El debate sobre el estado de la nación se saldó sin acuerdo antiterrorista. Izquierda Unida retiró en el último momento una resolución en la que proponía un nuevo pacto que incluyera a todos los partidos. El Partido Popular, por su parte, presentó una moción solicitando que el Gobierno entregase las actas de las reuniones con ETA. Se trataba de un brindis al sol que, sin embargo, tenía un claro propósito: mantener la lucha antiterrorista en el primer plano de la agenda política. Los populares no sólo sabían que su iniciativa no podía prosperar, sino también que las actas que reclaman no están en manos del Gobierno. Fuese acertado o no recurrir al Centro Henri Dunant para que dejase constancia de las reuniones, esta institución perdería su sentido si los documentos que elabora fuesen de libre disposición.
El PP no sólo actuó con deslealtad a las instituciones. Al insistir ahora en la entrega de las actas, el principal partido de la oposición actúa, además, contra uno de los principios del Estado de derecho, como es la presunción de inocencia. Según Mariano Rajoy, la presunción que pesa sobre el Gobierno es la de culpabilidad, y no podrá destruirla hasta que se avenga a conceder lo que el PP le reclama. Ni siquiera en el bronco terreno de la política es admisible que un partido recurra a la probatio diabólica, y mucho menos cuando lo que está en juego es la lucha de un Estado democrático contra una banda terrorista.
Pero que el acuerdo no fuera posible al término del debate no significa que no siga siendo deseable. Las lecciones que se deben extraer de estos largos meses de furia incumben a todos. El país no puede verse sometido a una nueva división como la que ha vivido, y para ello es necesario volver a la casilla de salida, no en la lucha contra ETA, sino en el tratamiento de la política antiterrorista entre las fuerzas democráticas. Fue un error de cálculo del Gobierno imaginar que una banda criminal no se aprovecharía de la desafección del primer partido de la oposición, y una irresponsabilidad de la oposición contribuir al acorralamiento del Gobierno. Persistir en la exigencia de las actas, como hace el PP, deja en evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar para alcanzar el poder, con el agravante para su estrategia de que el Gobierno ya no está acorralado: ETA ha vuelto a romper cualquier salida dialogada.
La resolución de mayo de 2005 ha sido desmentida por los hechos, y el Pacto Antiterrorista entre PSOE y PP ya no refleja la realidad política frente a ETA. Tal vez no sea un nuevo pacto lo que se necesita, puesto que la circunstancia actual no exige acordar decisiones para cuando los terroristas dejen de matar. Lo que éstos han dicho es lo contrario, y frente a su renovada amenaza bastaría con el compromiso de que todos los partidos cierran filas en torno a la ley, la cooperación internacional y la justicia. No se trata de hurtar a los ciudadanos el debate, sino de encerrar a los terroristas en su burbuja criminal: por atroces que puedan ser sus crímenes, el Estado sólo debería dar una respuesta, siempre la misma, desde todos y cada uno de los ámbitos.
